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miércoles, 3 de febrero de 2010

Defensoria Del Pueblo Emite Informe Contundente Sobre Demolicion Y Contruccion De Hospital De Huaraz

El Dr. Porfirio Barrenechea Cárdenas dijo que se está solicitando la inmediata intervención del Fiscal Anticorrupción y en cumplimiento de sus funciones intervenga y formule la denuncia penal correspondiente contra los responsables.
diariointegracion.com 2010-02-03
La Oficina Defensorial de Ancash hizo público el informe 001-2010 relacionado al Hospital Victor Ramos Guardia de esta ciudad, el cual contiene detalladamente una exhaustiva investigación desde la contratación de la empresa consultora hasta la presentación del proyecto y la anunciada demolición.

De acuerdo al lapidario informe, la defensoría sostiene que se ha incumplido muchas formalidades de Ley, y que de ninguna manera se justifica las pretensiones de demolición, ya que ni siquiera se ha contado con la opinión del Consejo Regional.

“Se ha incumplido la Ley de Contratación y muchas obligaciones de ley, hemos analizado el proceso de contratación de la consultoría de la persona de Guillermo Turza Arévalo y verdaderamente hemos encontrado muchas sorpresas ya que se ha encontrado irregularidades desde la elaboración del proyecto ya que se presentó otro y no fue el solicitado, pero a pesar de ello se le pagó, este arquitecto ganó la consultoría a través de la OEI”, expresó el Defensor del Pueblo Dr. Porfirio Barrenechea Cárdenas teniendo en manos el informe final.

La referida autoridad expresó que las investigaciones se han realizado desde octubre del año pasado a raíz de una denuncia efectuada por la Sociedad Civil, luego del cual se ha llegado a las siguientes conclusiones:

-         La Construcción no ha tenido ninguna planificación y mucho menos una opinión del Consejo Regional.

-         Se está recomendando a la oficina de control interno aperturar el procedimiento administrativo disciplinario por incumplimiento del deber de información con el defensor del pueblo a los gerentes de línea.

-         Se estableció penalidades y fueron exoneradas a través de un proceso de conciliación y no se ha podido determinar si esta inscrita en Consucode y si tiene registro de conciliadores.

-         No se ha tomado en cuenta los acuerdos del Consejo Regional.

-         Hay una serie de procedimientos que no han tomado en cuenta.

Ante ello el Dr. Porfirio Barrenechea Cárdenas dijo que se está solicitando la inmediata intervención del Fiscal Anticorrupción y en cumplimiento de sus funciones intervenga y formule la denuncia penal correspondiente contra los responsables.

De igual manera dijo que se ha pedido la intervención de la Procuraduría anticorrupción, de la Contraloría de tal manera que si hay más responsabilidades sean los encargados de fijar las penalidades.

Finalmente  dijo que dependerá mucho de la decisión que tomen cada una de las autoridades para que  se proceda o se paralice la loca idea de demoler el Hospital.

Gobierno pone a prueba nueva cruzada contra la corrupción

¿Tendrá El Mismo Destino Que La Ona
Comisión de alto nivel coordinará políticas de largo y mediano plazos. Eligen a Javier Villa Stein presidente del flamante grupo de trabajo intersectorial
elcomercio.pe Miércoles 3 de Febrero del 2010
El recuerdo del fracaso y del poco apoyo que recibió del Gobierno Carolina Lizárraga al frente de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) aún está fresco. Sin embargo, el Poder Ejecutivo volvió a lanzar una iniciativa para luchar contra este flagelo. 
Se trata de la comisión de alto nivel anticorrupción, grupo que se encargará de articular, coordinar y planificar, a mediano y largo plazo, las acciones de las entidades públicas y privadas destinadas a prevenir y combatir la corrupción en el país. 
Durante la presentación de este grupo, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, aclaró que no se pretende reemplazar o menoscabar las funciones o competencias de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, sino de establecer políticas integrales. Tampoco hará investigaciones sobre casos concretos. 
Fue el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien propuso al titular de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, como presidente de la flamante entidad. La propuesta fue aceptada por los demás integrantes. 
“Acepto este compromiso, que tenemos que enfrentar con determinación y hombría”, señaló Villa Stein. Cuando se le recordó la suerte que corrió la desaparecida ONA, el presidente de la Corte Suprema dijo que los programas anticorrupción siempre encuentran rompemuelles y tropiezos. “Y seguramente en esta comisión de alto nivel los vamos a encontrar también”. Villa Stein hizo un llamado a Carolina Lizárraga, ex jefa de la ONA, para que los apoye con su experiencia.

AUTOCRÍTICA DEL GOBIERNO
Velásquez Quesquén reconoció que hasta la fecha no se habían hecho esfuerzos suficientes para que la opinión pública perciba que el Estado hace una labor orientada a promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. 
El primer ministro mencionó que más 10.110 funcionarios públicos han sido procesados por corrupción, de los cuales, 1.033 recibieron sentencia. 
Añadió que la comisión buscará promover también la participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. 
El alcalde de Lima, Luis Castañeda, manifestó que los procesos y la legislación deben ser más simples. “El Perú tiene muchas normas”, dijo. Agregó que las contralorías tienen que ser técnicas y apolíticas. 
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Carlos Mansilla, señaló que la corrupción incrementa la pobreza y la desconfianza y retrasa la inversión. 
El ex contralor Genaro Matute, coordinador general de la comisión, dijo que una de las medidas que se trabaja es la simplificación de la Ley 28024, que regula los lobbies. 
“Los empresarios tienen derecho a expresar sus propuestas. La presentación de sus intereses debe ser más simple y debe haber transparencia”, expresó.

CLAVES
¿Quiénes integran esta estrategia?
Los integrantes de la comisión de alto nivel anticorrupción son: los presidentes de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura. 
También están: el titular del Consejo de Ministros, la fiscal de la Nación, la defensora del Pueblo y el alcalde de Lima. 
Asimismo, el ministro de Justicia, el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente de la Confiep, la directora ejecutiva de Pro Ética, el secretario técnico del Acuerdo Nacional y un coordinador (el ex contralor Gerardo Matute).

¿Se trata del último recurso?

COMENTARIO DEL EDITOR
 ¿Estamos apelando al último recurso que nos queda, comprometiendo la voluntad de casi todo el Estado? ¡Y si cada ministro cazara un corrupto por mes en su sector! Podría tener un bono anual muy bien merecido y sin tanto ruido.
elcomercio.pe Miércoles 3 de Febrero del 2010
Por: Juan Paredes Castro
Si se le pide al común de los peruanos su opinión por el mal de la corrupción, su respuesta será siempre de absoluto rechazo. 
Y si seguidamente se le pregunta si confía en la lucha anticorrupción, su absoluta incredulidad saltará a la vista. 
La lógica es que, como no hay una lucha anticorrupción que despierte un real y efectivo compromiso de credibilidad en el ciudadano, no hay manera de pensar que la corrupción vaya a doblar ahora o mañana la esquina, camino a su extinción. 
La corrupción no llegó ni se fue con Montesinos. Eso sí: se amancebó con el poder político y militar como nunca en la historia y se sofisticó hasta no más en su relación con el crimen organizado. Hoy en día la tenemos en trabajo de hormiga, vivita y coleando, ahí donde hay dinero sin control como en municipios y regiones cuyos caciques han encontrado su mejor medio y modo de vida política y de reelección en el cargo. 
Y como la línea gris se ha hecho cada vez más gris entre los lobbies aparentemente legales y los conflictos de intereses, la corrupción en el aparato del Estado se cuela por donde sea y no hay manera de fiscalizarla en sus puntos más visibles. 
La contraloría ha empezado a hacer un buen trabajo, pero como no tiene poder coercitivo, sus denuncias internas terminan en algún relajado escritorio ministerial mientras las otras que pasan por las fiscalías y merodean los juzgados terminan, por lo general, incrementando el rango de la impunidad. 
¿Haber emprendido una cruzada anticorrupción, involucrando a casi todos los poderes del Estado, más algunos otros menores pero claves, debe despertarnos la esperanza de que las cosas van a ser mejores que hasta ahora? 
Una primera demostración de que ello puede dar resultados sería restaurar las desactivadas procuradurías anticorrupción, en las que tanto se había invertido, y a través de las cuales se había logrado repatriar cientos de millones de dólares robados. 
¿Estamos apelando al último recurso que nos queda, comprometiendo la voluntad de casi todo el Estado? ¡Y si cada ministro cazara un corrupto por mes en su sector! Podría tener un bono anual muy bien merecido y sin tanto ruido.

Editorial Peligroso Precedente

La Contraloría General de la República es el órgano superior del sistema nacional de control. Supervisa la ejecución del presupuesto del estado....y de los actos de las instituciones sujetas a control, goza de autonomía de acuerdo a su ley orgánica”.
Director: Javier Peláez Olórtegui
diariodechimbote.com Chimbote, Miércoles 3  de Febrero  del 2010 
Esto es lo que establece la Constitución Política del Estado con especto al organismo encargado de la fiscalización de los actos que lleva a cabo la administración pública sea del estado, regional o municipal, por ello sorprende que un Juez de la ciudad de Huaraz haya expedido una resolución vetando la intervención de la Contraloría en la administración del Gobierno Regional de Ancash.
De acuerdo a lo que se ha informado, el Presidente Regional ha obtenido una Medida Cautelar mediante la cual, por orden judicial, se suspende la intervención de la Contraloría General de la República mediante la ejecución de acciones rápidas establecidas a través una directiva interna, señalando que ellas deben adecuarse a lo que establecen las disposiciones de su ley orgánica.
En el tenor de la resolución, se acoge el pedido de Álvarez  en la medida que las acciones rápidas de control han proliferado, de tal suerte que se dieron hasta en cuatro oportunidades con acciones diferentes que, a través de sendas comunicaciones, demandaban información, aclaraciones y/o comentarios requeridos, lo que había paralizado sensiblemente la administración y gestión del Gobierno Regional con el grave perjuicio a la comunidad.
En realidad la argumentación expuesta resulta “jalada de los cabellos” y no resiste al menor análisis, pues las acciones de control se realizan en la medida que se conocen hechos que ameritan la intervención del organismo contralor, y, en el Gobierno Regional de Ancash se viene invitando de manera permanente a la participación del organismo encargado de fiscalizar los recursos públicos.
Los permanentes escándalos, las denuncias de colusión, aprovechamiento de presupuestos públicos, compras irregulares, etc., dan lugar a las denuncias públicas y la consecuente obligación del organismo contralor a solicitar información para los efectos de establecer la existencia de la posible comisión de delitos.
Esto no es lo que ha compulsado el magistrado que ha merituado las argumentaciones del Presidente Regional y ha sancionado una medida cautelar que deja sin espacio a la lucha contra la corrupción, lo que ha dejado mucho que desear.
Si César Álvarez Aguilar ha optado por una acción legal para detener la acción de la fiscalización en su gestión es por que, efectivamente busca que impedir que se conozca como es que se manejan los recursos públicos, trata por todos los medios de impedir que se conozca realmente la legalidad de los actos que se denuncian de manera constante.
Con esta medida, la Contraloría ya no podrá investigar hechos puntuales como el caso de la compra de ambulancias por las cuales se ha pagado una millonada y cuyas unidades vienen sufriendo serios desperfectos apenas a los siete meses de haberse estrenado.
Esto se ha denunciado a través de diferentes medios de comunicación, los cuales han mostrado los vehículos con el chasis averiado y cuya consecuencia es, a ojo de buen cubero, la falla de estructura de estas unidades.
El tiempo se ha encargado de demostrar que la compra de las ambulancias ha sido fraudulenta en la medida que se optaron por camionetas que han sido acondicionadas como ambulancias, de tal suerte que el peso de las tolvas, con equipos médicos, camillas y personal auxiliar más los pacientes, han obligado a ceder a su chasis y por ello están terminando en los talleres mecánicos con la finalidad de solucionar este impase, el mismo que resulta solo temporal por que una falla de es naturaleza acompañará a las unidades de por vida, con el consecuente gasto en su reparación.
Nos preguntamos ¿si esta denuncia aparece de pronto, es acaso que no se puede investigar por que existen otras denuncias que puede estar investigando la Contraloría General de la República? ¿Acaso la contraloría solo puede investigar un hecho ilícito y no puede disponer una sucesión de auditorias en la medida que conoce de otros hechos ilícitos?
Recordemos que el año pasado un equipo de auditores llegó a la sede de la Sub Región Pacífico con la finalidad de revisar los actos de función de esta dependencia en los últimos ejercicios, empero, estando en Chimbote estalló el escándalo de la desratización y la fumigación a través de los medios de comunicación, lo que dio lugar a que los auditores extiendan su plan de acciones para indagar estos hechos, lo que determinó un revelador informe que ha establecido gravísimas responsabilidades.
Si las cosas tienen que hacerse como las que pretende el Juez que ha atendido la medida cautelar solicitada por el Presidente Regional, no se habría podido llevar adelante toda una pesquisa legal y financiera como la que ha realizado el organismo contralor, se habría permitido la impunidad que anhelan los funcionarios regionales.
La decisión del Poder Judicial de Huaraz de suspender la acción de la Contraloría General de la República deja un peligroso precedente en la lucha contra la corrupción e inmoralidad en las dependencias públicas, genera un serio escollo para la necesaria labor de la fiscalización de los recursos del estado.
Pretender que las acciones de control se encuentren sujetas a un rígido Plan Nacional de control que se encuentre debidamente aprobado con antelación, es eliminar el factor sorpresa que debe caracterizar a cualquier acción de supervisión y fiscalización.
El Presidente Regional pretende que le comuniquen cuando y quienes llegarán a realizar una acción de control en las dependencias del Gobierno Regional, es como aspirar a estar preparado para las auditorias, lo que resulta un verdadero despropósito. Esperemos que las instancias superiores de la misma Corte de Huaraz dejen sin efecto este mandato por la salud moral de Ancash y por la necesidad de afianzar la acción de control en una entidad tan corrompida como es el Gobierno Regional de Ancash.

Actualidad Y Política

 PERLA
La presentación del Contralor General de la República, Fuad Khoury, en Canal N anteanoche es solo una perla de la arraigada corrupción que existe a nivel de los Gobiernos Regionales y de los Municipios en todo el país. El Contralor ha señalado que existe tres mil denuncias por procesar y que las que han podido investigar hasta el momento determinan que existe un perjuicio directo al estado hasta por 15 millones de soles.
Director: Javier Peláez Olórtegui
diariodechimbote.com Chimbote, Miércoles 3  de Febrero  del 2010 
Lo sintomático es que el Contralor se ha referido a la Región Ancash cuando ha hablado sobre las modalidades de corrupción. Ha dicho por ejemplo “las principales modalidades de corrupción detectadas incluyen el pago de adelantos no considerados en los contratos por la ejecución de obras (diezmos) y el cobro de valorizaciones de avances de obra no ejecutados, asimismo la sobrevalorización en determinadas adquisiciones y el pago a funcionarios inexistentes, entre otras. Las dos primeras modalidades fueron detectadas en la Región Ancash respecto al mejoramiento de un canal de riego con el perjuicio de 3.5 millones de soles, entre otros casos”. En este caso el Contralor se refiere al informe que hizo la Contraloría hallando responsabilidad penal en la obra “Canal de Riego Wecrococha.Poghgoj” de la provincia de Mariscal Luzuriaga, caso que ha sido ya denunciado ante el Poder Judicial y en el que se ha involucrado a Dirsse Valverde Varas, el otrora asesor de cabecera de César Álvarez Aguilar, así como al actual Secretario General de la Región Ancash, César López Alayo. Sin embargo, eso es solo una perla, así como ese caso existen innumerables en la Región Ancash, se han denunciado una serie de procesos en donde los descarados diezmos han sido mas que evidentes y la propia Contraloría ha descubierto el escándalo de la fumigación y desratización. Seguramente, el Contralor se podría explayar dando a conocer nuevos casos de la región y los Municipios, hasta donde se pudo escuchar se citaron casos de los Municipios de Huarmey y de Nuevo Chimbote, de allí que se sabe ahora que la Contraloría si ha trabajado algunas investigaciones sobre casos de corrupción, lo que nos llama la atención es como no han llegado ninguno de ellos al Palacio Judicial, por lo menos en Chimbote. Esperemos ampliar las precisiones del Contralor en estos días.
LAVADO
Pese a que muchos Alcaldes le dieron la espalda a la protesta de las corporaciones ediles contra el traidor acuerdo firmado por el Presidente Regional César Álvarez con la empresa Antamina, atendiendo a intereses particulares, lo cierto es que la llama de la indignación frente a esta alevosa situación sigue creciendo. Al paro de 72 horas realizado en Huaraz ahora se suma el Plantón y lavado de banderas que llevarán adelante 30 organizaciones de la vecina Provincia de Casma, quienes de esta manera estarán expresando su repudio al acta de la traición firmada por Álvarez así como por las permanentes mentiras de la autoridad regional que ha ofrecido una serie de obras y  ninguna se ejecuta en esos lares. Este anuncio lo ha hecho el Presidente del frente de defensa casmeño, Guido Flores Luna, quien recalcó que se concentrarán en la Plaza de Armas de esa ciudad para lavar las banderas de Casma y del Gobierno Regional por que la intención es sacar la mugre y la suciedad que impera en la Región, señalan los promotores de esta protesta. Cuanto quisiéramos que los dirigentes de nuestro Frente de Defensa fueran lo suficientemente dignos como para defender los fueros de la Región y no se sometan a los dictados de quien los engríe con una serie de favores a cambio de una línea sesgada.
LOMBARDO
La Corte Suprema le sigue agregando suspenso a la Alcaldía Provincial de Huaraz al disponer la Nulidad de la sentencia que determinó la suspensión inicial en el cargo del Alcalde Lombardo Mautino Angeles. Con ello el camino queda nuevamente despejado para el Burgomaestre, aunque hay que hacer la salvedad que solo anula la sentencia de vista, es decir la resolución de la Sala Penal, mas no la sentencia de primera instancia, lo que quiere decir que el Alcalde sigue condenado a un año de pena privativa mas una multa e inhabilitación. Ahora todo depende de la Sala Penal que tendrá que sustentar bien su decisión que es la razón por la cual se decretó la Nulidad. Esto quiere decir que nada esta dicho aun en los conflictos que paralizaron gran parte del año pasado a la Municipalidad de la ciudad sede de la región.

Sociedad Civil No Se Convencio Con Explicaciones De Antamina

Los representantes de la sociedad civil alzaron su voz de protesta contra los representantes de Antamina, a los cuales les costó mucho aceptar que esta empresa va utilizar una importante parte del canon minero en su proceso de reinversión, lo que afectará considerablemente los ingresos económicos de Áncash y el resto del Perú.
Director: Javier Peláez Olórtegui
diariodechimbote.com Chimbote, Miércoles 3  de Febrero  del 2010 
La discusión se dio la tarde de ayer, en el Centro de Convenciones de la Uladech, donde los representantes de Antamina aseguraban que el recorte del canon minero no afectaría considerablemente a nuestro departamento, sin embargo, ante la insistencia de los concurrentes admitieron que de los 1,300 millones de dólares americanos que utilizarán en el mejoramiento de sus instalaciones 900 serán presupuestados a través del proceso de reinversión, por lo que dejarán de pagar la suma de 270 millones por concepto de canon.
Asimismo, los ejecutivos de la minera: Gonzalo Quijandría Fernández y Gustavo Cabrera Sotomayor, explicaron que los 270 millones de dólares americanos serán recortados en los ejercicios correspondientes de los años 2009-2012.
En el 2009: Antamina recortará 30 millones de dólares americanos del monto total del canon, en el 2010: 40 millones U$, en el 2011: 130 millones U$, en el 2012: 70 millones U$.
Consultado sobre este tema, el economista Luis Luna Villarreal señaló que la reinversión que Antamina ejecutará perjudicará a los ancashinos, puesto que los ingresos de las entidades estatales de nuestro departamento serán reducidos.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, Luis Cueto Echevarría, señaló que Antamina ejecuta su proceso de reinversión a través de un contrato de estabilidad tributaria firmado en el año 1998, que le permite seguir beneficiándose del Decreto Supremo 027 (que aprueba la reinversión), lo cual señaló que es anticonstitucional.
Cueto considera que el Tribunal Constitucional podría anular el contrato de estabilidad tributaria, de ser solicitado.

Antamina Utilizara Impuestos Progresivamente En Cuatro Años

Contradice a Presidente Regional :

ANTAMINA ADMITE QUE EL CANON
MINERO DE ANCASH SERA AFECTADO
Funcionarios de Antamina no convencieron a nadie.
*Falaz discurso de César Álvarez quedó al descubierto en exposición de Compañía Minera.
*Altos funcionarios de Antamina llegaron para explicar plan de compensaciones pero no invitó a Alcaldes.
Los funcionarios de la empresa minera Antamina, Gonzalo Quijandría Fernández y Gustavo Cabrera Sotomayor  admitieron ayer en diálogo con la prensa chimbotana, que el canon minero de Ancash se verá afectado por la reinversión de utilidades, sin embargo, también dijeron que las compensaciones que han planteado hasta ahora resultan siendo justas porque los impuestos que dejarán de pagar serán utilizados progresivamente y no de un solo golpe.
Director: Javier Peláez Olórtegui
diariodechimbote.com Chimbote, Miércoles 3  de Febrero  del 2010 
Quijandría Fernández y Cabrera Sotomayor adelantaron que para el ejercicio fiscal 2010 se descontarán impuestos por 30 millones de dólares, de los cuales el 50% es del canon minero de Ancash, ósea 15 millones de dólares, aunque no se atrevieron a señalar a cuanto ascenderán la reducción de impuestos en el año siguiente hasta completar los 270 millones de dólares que se piensan descontar.
Por ello, los funcionarios de Antamina dijeron que la compensación planteada se ha basado en el cálculo obtenido entre lo que se pensaba recaudar por canon minero sin programa de reinversión, y, la recaudación con programa de reinversión por año, siendo que esa diferencia en el primer año será cubierta con las compensaciones anunciadas.
Sin embargo, en todo momento Gonzalo Quijandría Fernández, Gerente de Asuntos Corporativos y Gustavo Cabrera Sotomayor, Gerente Adjunto del Fondo Minero Antamina, se cuidaron en señalar que las compensaciones buscaban mitigar los efectos del no pago de impuesto a la renta. Hay que señalar que según la Real Academia Española: mitigar significa  “Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero”, es decir, disminuir los efectos de la reducción del canon minero, pero en ningún caso   eliminar sus perjuicios.
“Antamina aplicará el beneficio de no pagar impuestos en cuatro años y no en uno solo, es decir, tiene un propósito multianual. Este año aplica 30 millones de dólares y los siguientes años no tengo la cifra, pero será acumulativa hasta completar los 270 millones de dólares que se tiene previsto. Pero ojo, la compensación para el programa de mitigaciones es estableciendo cuando se afecta el canon con expansión y sin expansión y sobre esa diferencia, eso es lo que estamos cubriendo” manifestó.
Y fue precisamente allí donde el Diario de Chimbote le preguntó puntualmente a Gustavo Cabrera Sotomayor: ¿Por qué Antamina no reconoce que dejará de pagar 270 millones de dólares de impuestos y anuncia compensaciones por esa misma cifra?. El funcionario se fue por la tangente y señaló: “Esa es una decisión de inversión que hacen los accionistas de la empresa comparando sus proyectos de inversión en diferentes lugares del mundo y este programa de inversión no sólo tiene este mecanismo que lo hace beneficioso para todos, sino tiene un mecanismo a largo plazo que lo hacen rentable. Es una decisión de inversión que toma un agente económico racional” manifestó.
¿Pero lo racional también es justo y cuando se dio la ley de estabilidad y se permite que Antamina reinvierta sus utilidades no distribuidas, la situación de la minería y la inversión no era la que hay ahora y ustedes (Antamina) han recuperado su inversión en menos tiempo de los previsto. También es racional entender que las condiciones de ahora son mucho mejores que hace 10 años?, se le retrucó.
“Si, en términos de justicia es aplicado, pero pierdes de vista la contribución que ha hecho Antamina en los últimos años como producto de sus operaciones, allí tienen los más de 2 mil 800 millones de dólares en impuestos, las transferencias de impuesto a la renta, selectivo, contribuciones, retenciones; los programas sociales, no hay una empresa en el mundo que haya hecho una inversión superior a los 200 millones de dólares en programas sociales, entonces si hablamos de justicia, hagámoslo en función de toda la dimensión de empresa y su contribución con Ancash” aseveró.
Sobre la utilización de los recursos del Fondo Minero Antamina para pagar las compensaciones (hecho considerado ilegal por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas) el funcionario Gustavo Cabrera Sotomayor manifestó que hay un monto que entregará Antamina y que no corresponde a este Fondo con el cual se mitigará la reducción del canon minero. “A 128 alcaldes distritales se les dará aportes directos que no saldrán del Fondo Voluntario, sino de aportes directos de la empresa de otros rubros, entonces hay un aporte adicional. Lo que utilizaremos del fondo minero voluntario son recursos para priorizar proyectos para zonas que no reciben grandes cantidades de canon para palear sus limitaciones y situación de extrema pobreza” añadió.
Finalmente, dijo que los inversionistas de Antamina también tuvieron la posibilidad de retirar sus utilidades de 1300 millones de dólares y llevárselas del país, sin embargo, al final decidieron no tomarlas y reinvertirlas en Ancash, aprovechando el mecanismo que les ampara la ley.

Corrupción de manos con el Poder Judicial

Pero también ni bien se hizo de conocimiento de sus titulares, el presidente de la región Ancash, inmediatamente acudió al poder judicial de Huaraz para interponer una medida cautelar de una Acción de Amparo contra la Contraloría General de la República. Luego el 27 de enero, el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, dictó la resolución, increíblemente, favoreciendo al Gobierno Regional de Ancash, por lo tanto suspendiendo las investigaciones realizadas por la Contraloría General de la República.
cronicaviva.com.pe Miércoles, 03/02/2010
En términos generales el concepto de corrupción difiere, aunque muchos coinciden en que se trata “del mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada”. Sin embargo, cierto que la corrupción no sólo está circundada a niveles de poder, sino en horizontes inferiores y seguramente en diversos niveles del mismo pueblo.
Obviamente que en medio de esta realidad, son los tipos de gobierno los que en primer nivel son susceptibles a la corrupción política; pero en niveles de corrupción general no son los únicos. De ahí que las formas de corrupción difieren, aunque las más comunes se refiere al uso ilegítimo de una información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, nepotismo, impunidad, pucherazo o perolazo, patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, caciquismo, compadrazgo, entre los más comunes.
Sin embargo, centrémonos en lo nuestro. A las denuncias sobre actos de corrupción en niveles relacionados al gobierno central y que se ventilan a nivel del Poder Judicial, como el caso de los petroaudios, se suman similares casos, pero en otros niveles del poder, donde resultan involucrados titulares de algunas regiones, alcaldes, y naturalmente sus funcionarios que en la práctica resultan siendo los operadores de esos actos ilícitos.
El responsable de deslindar algunos casos específicos, fue nada menos que el contralor Fuad Khoury, quien indicó que en el 71 por ciento de las investigaciones que se viene haciendo en la Contraloría General de la República, se hallaron casos de corrupción que involucran a nada menos 300 funcionarios de 27 instituciones públicas de dos niveles de gobierno (regionales y municipales).y que dejaron un “daño para el Estado” por S/. 15 millones de soles.
El contralor Fuad Khoury reveló que estas investigaciones tuvieron origen partiendo desde denuncias ciudadanas y que finalmente involucran operaciones y transacciones irregulares por S/. 70 millones, de las cuales S/. 50 millones están relacionados con operaciones con claro perjuicio para el país.
Pero el contralor fue más preciso en indicar que de esos 50 millones han logrado identificar 15 millones de soles en perjuicio directo contra el Estado. Además que “son alrededor de 40 los casos de corrupción detectados en regiones y municipios”, la mayoría de los cuales, como es debido, ya están en manos del Ministerio Público, en espera de la formalización de la denuncia respectiva.
Las modalidades son las ya conocidas y muy graves, como los pagos de adelantos no considerados en los contratos por la ejecución de obras y el cobro de valorizaciones de avances de obras no ejecutadas. Asimismo, la sobre valoración en determinadas adquisiciones y el pago a funcionarios inexistentes, entre otras.
Igualmente como era previsible, parte de estas modalidades se han detectado en la región Ancash, expresamente respecto al mejoramiento de un canal de riego, con un perjuicio de S/. 3.5 millones, entre otros casos. Igualmente en el Gobierno Regional de Puno, se “extraviaron” 120 mil galones de asfalto líquido para la carretera de desvío Huancané Putina, los cuales fueron pagados, generando un perjuicio por S/. 1 millón 75 mil. Pero también en esta región, los involucrados pagaron jornales por S/. 162 mil soles, pero a personas que jamás prestaron servicios a esa región.
Igualmente en niveles de gobiernos locales, Khoury mencionó, entre muchos otros, el de la Municipalidad de Huarmey donde se utilizó a un intermediario para la compra de un equipo pesado, lo cual incrementó sustancialmente el precio del mismo, detectándose una sobre valoración por S/ 439 mil soles.
Pero también ni bien se hizo de conocimiento de sus titulares, el presidente de la región Ancash, inmediatamente acudió al poder judicial de Huaraz para interponer una medida cautelar de una Acción de Amparo contra la Contraloría General de la República. Luego el 27 de enero, el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, dictó la resolución, increíblemente, favoreciendo al Gobierno Regional de Ancash, por lo tanto suspendiendo las investigaciones realizadas por la Contraloría General de la República. Es decir que el Poder Judicial se volvió bienhechor de una institución donde se festinó 3.5 millones de soles de recursos del Estado.
Un caso desmedido y alarmante, porque de acuerdo al Código Constitucional, el Amparo es un derecho ciudadano y no un derecho de un Estado. Lo más preocupante es que si bien esta resolución será subsanada en una segunda instancia; sin embargo pone en riesgo las acciones de control y que esta mañosa intermediación, podría terminar invitando a reinar a la corrupción.
Lo que debemos estar atentos, es que la corrupción tiene poder, hasta facilita a menudo otros tipos de hechos criminales como el tráfico de drogas, lavado de dinero, prostitución ilegal. Además de estar siempre de manos con crímenes organizados. Pero en aras de mejorar la transparencia y el control ciudadano, a lo mejor sería necesario reproducir lo que hace Transparencia Internacional desde 1995 con los 180 países del mundo, midiendo los niveles de percepción de corrupción en el sector público de un país determinado.

Contraloría revela que mediante acción cautelar se pretende evitar investigaciones


Medida podría sentar un precedente que ponga en riesgo acciones de control

  • Explicó que la Contraloría ha apelado dicha medida y su procurador ha planteado una impugnación “porque estamos actuando de acuerdo a la ley”. Aunque señaló que dicha medida llega tarde debido a que ya se denunció ante el Ministerio Público las irregularidades detectadas en dicha instancia de gobierno. 
    Sede de la Contraloría General de la República

  • Sede de la Contraloría General de la República


  • Lima, feb. 02 (ANDINA).- La Contraloría General de la República reveló que mediante una acción cautelar se pretende evitar el desarrollo de investigaciones en el gobierno regional de Ancash, y señaló que de prosperar esa medida podría sentarse un precedente que pondría en riesgo sus labores de control.

    Carla Salazar, secretaria general y asesora legal de la Contraloría, precisó que un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Huaraz dictó dicha medida a favor del gobierno regional suspendiendo las investigaciones realizadas por el ente de control.
    “Hemos recibido con sorpresa una notificación de un juzgado de Huaraz que declaran fundada una medida cautelar, donde determina que se suspenda la función que venimos desempeñando y cambiemos eso por una acción de control regular”, dijo al programa televisivo.
    La Hora N.
    Explicó que la Contraloría ha apelado dicha medida y su procurador ha planteado una impugnación “porque estamos actuando de acuerdo a la ley”.
    Aunque señaló que dicha medida llega tarde debido a que ya se denunció ante el Ministerio Público las irregularidades detectadas en dicha instancia de gobierno, sí podría sentar una jurisprudencia para futuros casos de investigación.
    “Este es un riesgo para las acciones del control. Porque esto podría sentar jurisprudencia y nos podría limitar en algunos casos”, advirtió.
    Salazar dijo esperar que el Poder Judicial actúe de acuerdo a derecho y no avale dicha acción de amparo.
    (FIN) GCO/GCO