Director: Javier Peláez Olórtegui
diariodechimbote.com Chimbote, Miércoles 3 de Febrero del 2010
Esto es lo que establece De acuerdo a lo que se ha informado, el Presidente Regional ha obtenido una Medida Cautelar mediante la cual, por orden judicial, se suspende la intervención de la Contraloría General de la República mediante la ejecución de acciones rápidas establecidas a través una directiva interna, señalando que ellas deben adecuarse a lo que establecen las disposiciones de su ley orgánica.
En el tenor de la resolución, se acoge el pedido de Álvarez en la medida que las acciones rápidas de control han proliferado, de tal suerte que se dieron hasta en cuatro oportunidades con acciones diferentes que, a través de sendas comunicaciones, demandaban información, aclaraciones y/o comentarios requeridos, lo que había paralizado sensiblemente la administración y gestión del Gobierno Regional con el grave perjuicio a la comunidad.
En realidad la argumentación expuesta resulta “jalada de los cabellos” y no resiste al menor análisis, pues las acciones de control se realizan en la medida que se conocen hechos que ameritan la intervención del organismo contralor, y, en el Gobierno Regional de Ancash se viene invitando de manera permanente a la participación del organismo encargado de fiscalizar los recursos públicos.
Los permanentes escándalos, las denuncias de colusión, aprovechamiento de presupuestos públicos, compras irregulares, etc., dan lugar a las denuncias públicas y la consecuente obligación del organismo contralor a solicitar información para los efectos de establecer la existencia de la posible comisión de delitos.
Esto no es lo que ha compulsado el magistrado que ha merituado las argumentaciones del Presidente Regional y ha sancionado una medida cautelar que deja sin espacio a la lucha contra la corrupción, lo que ha dejado mucho que desear.
Si César Álvarez Aguilar ha optado por una acción legal para detener la acción de la fiscalización en su gestión es por que, efectivamente busca que impedir que se conozca como es que se manejan los recursos públicos, trata por todos los medios de impedir que se conozca realmente la legalidad de los actos que se denuncian de manera constante.
Con esta medida, la Contraloría ya no podrá investigar hechos puntuales como el caso de la compra de ambulancias por las cuales se ha pagado una millonada y cuyas unidades vienen sufriendo serios desperfectos apenas a los siete meses de haberse estrenado.
Esto se ha denunciado a través de diferentes medios de comunicación, los cuales han mostrado los vehículos con el chasis averiado y cuya consecuencia es, a ojo de buen cubero, la falla de estructura de estas unidades.
El tiempo se ha encargado de demostrar que la compra de las ambulancias ha sido fraudulenta en la medida que se optaron por camionetas que han sido acondicionadas como ambulancias, de tal suerte que el peso de las tolvas, con equipos médicos, camillas y personal auxiliar más los pacientes, han obligado a ceder a su chasis y por ello están terminando en los talleres mecánicos con la finalidad de solucionar este impase, el mismo que resulta solo temporal por que una falla de es naturaleza acompañará a las unidades de por vida, con el consecuente gasto en su reparación.
Nos preguntamos ¿si esta denuncia aparece de pronto, es acaso que no se puede investigar por que existen otras denuncias que puede estar investigando la Contraloría General de la República ? ¿Acaso la contraloría solo puede investigar un hecho ilícito y no puede disponer una sucesión de auditorias en la medida que conoce de otros hechos ilícitos?
Recordemos que el año pasado un equipo de auditores llegó a la sede de la Sub Región Pacífico con la finalidad de revisar los actos de función de esta dependencia en los últimos ejercicios, empero, estando en Chimbote estalló el escándalo de la desratización y la fumigación a través de los medios de comunicación, lo que dio lugar a que los auditores extiendan su plan de acciones para indagar estos hechos, lo que determinó un revelador informe que ha establecido gravísimas responsabilidades.
Si las cosas tienen que hacerse como las que pretende el Juez que ha atendido la medida cautelar solicitada por el Presidente Regional, no se habría podido llevar adelante toda una pesquisa legal y financiera como la que ha realizado el organismo contralor, se habría permitido la impunidad que anhelan los funcionarios regionales.
La decisión del Poder Judicial de Huaraz de suspender la acción de la Contraloría General de la República deja un peligroso precedente en la lucha contra la corrupción e inmoralidad en las dependencias públicas, genera un serio escollo para la necesaria labor de la fiscalización de los recursos del estado.
Pretender que las acciones de control se encuentren sujetas a un rígido Plan Nacional de control que se encuentre debidamente aprobado con antelación, es eliminar el factor sorpresa que debe caracterizar a cualquier acción de supervisión y fiscalización.
El Presidente Regional pretende que le comuniquen cuando y quienes llegarán a realizar una acción de control en las dependencias del Gobierno Regional, es como aspirar a estar preparado para las auditorias, lo que resulta un verdadero despropósito. Esperemos que las instancias superiores de la misma Corte de Huaraz dejen sin efecto este mandato por la salud moral de Ancash y por la necesidad de afianzar la acción de control en una entidad tan corrompida como es el Gobierno Regional de Ancash.
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