Pero también ni bien se hizo de conocimiento de sus titulares, el presidente de la región Ancash, inmediatamente acudió al poder judicial de Huaraz para interponer una medida cautelar de una Acción de Amparo contra la Contraloría General de la República. Luego el 27 de enero, el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, dictó la resolución, increíblemente, favoreciendo al Gobierno Regional de Ancash, por lo tanto suspendiendo las investigaciones realizadas por la Contraloría General de la República.
cronicaviva.com.pe Miércoles, 03/02/2010
En términos generales el concepto de corrupción difiere, aunque muchos coinciden en que se trata “del mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada”. Sin embargo, cierto que la corrupción no sólo está circundada a niveles de poder, sino en horizontes inferiores y seguramente en diversos niveles del mismo pueblo.
Obviamente que en medio de esta realidad, son los tipos de gobierno los que en primer nivel son susceptibles a la corrupción política; pero en niveles de corrupción general no son los únicos. De ahí que las formas de corrupción difieren, aunque las más comunes se refiere al uso ilegítimo de una información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, nepotismo, impunidad, pucherazo o perolazo, patrocinio, sobornos, extorsiones, influencias, fraudes, caciquismo, compadrazgo, entre los más comunes.
Sin embargo, centrémonos en lo nuestro. A las denuncias sobre actos de corrupción en niveles relacionados al gobierno central y que se ventilan a nivel del Poder Judicial, como el caso de los petroaudios, se suman similares casos, pero en otros niveles del poder, donde resultan involucrados titulares de algunas regiones, alcaldes, y naturalmente sus funcionarios que en la práctica resultan siendo los operadores de esos actos ilícitos.
El responsable de deslindar algunos casos específicos, fue nada menos que el contralor Fuad Khoury, quien indicó que en el 71 por ciento de las investigaciones que se viene haciendo en la Contraloría General de la República, se hallaron casos de corrupción que involucran a nada menos 300 funcionarios de 27 instituciones públicas de dos niveles de gobierno (regionales y municipales).y que dejaron un “daño para el Estado” por S/. 15 millones de soles.
El contralor Fuad Khoury reveló que estas investigaciones tuvieron origen partiendo desde denuncias ciudadanas y que finalmente involucran operaciones y transacciones irregulares por S/. 70 millones, de las cuales S/. 50 millones están relacionados con operaciones con claro perjuicio para el país.
Pero el contralor fue más preciso en indicar que de esos 50 millones han logrado identificar 15 millones de soles en perjuicio directo contra el Estado. Además que “son alrededor de 40 los casos de corrupción detectados en regiones y municipios”, la mayoría de los cuales, como es debido, ya están en manos del Ministerio Público, en espera de la formalización de la denuncia respectiva.
Las modalidades son las ya conocidas y muy graves, como los pagos de adelantos no considerados en los contratos por la ejecución de obras y el cobro de valorizaciones de avances de obras no ejecutadas. Asimismo, la sobre valoración en determinadas adquisiciones y el pago a funcionarios inexistentes, entre otras.
Igualmente como era previsible, parte de estas modalidades se han detectado en la región Ancash, expresamente respecto al mejoramiento de un canal de riego, con un perjuicio de S/. 3.5 millones, entre otros casos. Igualmente en el Gobierno Regional de Puno, se “extraviaron” 120 mil galones de asfalto líquido para la carretera de desvío Huancané Putina, los cuales fueron pagados, generando un perjuicio por S/. 1 millón 75 mil. Pero también en esta región, los involucrados pagaron jornales por S/. 162 mil soles, pero a personas que jamás prestaron servicios a esa región.
Igualmente en niveles de gobiernos locales, Khoury mencionó, entre muchos otros, el de la Municipalidad de Huarmey donde se utilizó a un intermediario para la compra de un equipo pesado, lo cual incrementó sustancialmente el precio del mismo, detectándose una sobre valoración por S/ 439 mil soles.
Pero también ni bien se hizo de conocimiento de sus titulares, el presidente de la región Ancash, inmediatamente acudió al poder judicial de Huaraz para interponer una medida cautelar de una Acción de Amparo contra la Contraloría General de la República. Luego el 27 de enero, el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, dictó la resolución, increíblemente, favoreciendo al Gobierno Regional de Ancash, por lo tanto suspendiendo las investigaciones realizadas por la Contraloría General de la República. Es decir que el Poder Judicial se volvió bienhechor de una institución donde se festinó 3.5 millones de soles de recursos del Estado.
Un caso desmedido y alarmante, porque de acuerdo al Código Constitucional, el Amparo es un derecho ciudadano y no un derecho de un Estado. Lo más preocupante es que si bien esta resolución será subsanada en una segunda instancia; sin embargo pone en riesgo las acciones de control y que esta mañosa intermediación, podría terminar invitando a reinar a la corrupción.
Lo que debemos estar atentos, es que la corrupción tiene poder, hasta facilita a menudo otros tipos de hechos criminales como el tráfico de drogas, lavado de dinero, prostitución ilegal. Además de estar siempre de manos con crímenes organizados. Pero en aras de mejorar la transparencia y el control ciudadano, a lo mejor sería necesario reproducir lo que hace Transparencia Internacional desde 1995 con los 180 países del mundo, midiendo los niveles de percepción de corrupción en el sector público de un país determinado.
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