COMENTARIO DEL EDITOR
Por: Juan Paredes Castro
Si se le pide al común de los peruanos su opinión por el mal de la corrupción, su respuesta será siempre de absoluto rechazo.
Y si seguidamente se le pregunta si confía en la lucha anticorrupción, su absoluta incredulidad saltará a la vista.
La lógica es que, como no hay una lucha anticorrupción que despierte un real y efectivo compromiso de credibilidad en el ciudadano, no hay manera de pensar que la corrupción vaya a doblar ahora o mañana la esquina, camino a su extinción.
La corrupción no llegó ni se fue con Montesinos. Eso sí: se amancebó con el poder político y militar como nunca en la historia y se sofisticó hasta no más en su relación con el crimen organizado. Hoy en día la tenemos en trabajo de hormiga, vivita y coleando, ahí donde hay dinero sin control como en municipios y regiones cuyos caciques han encontrado su mejor medio y modo de vida política y de reelección en el cargo.
Y como la línea gris se ha hecho cada vez más gris entre los lobbies aparentemente legales y los conflictos de intereses, la corrupción en el aparato del Estado se cuela por donde sea y no hay manera de fiscalizarla en sus puntos más visibles.
La contraloría ha empezado a hacer un buen trabajo, pero como no tiene poder coercitivo, sus denuncias internas terminan en algún relajado escritorio ministerial mientras las otras que pasan por las fiscalías y merodean los juzgados terminan, por lo general, incrementando el rango de la impunidad.
¿Haber emprendido una cruzada anticorrupción, involucrando a casi todos los poderes del Estado, más algunos otros menores pero claves, debe despertarnos la esperanza de que las cosas van a ser mejores que hasta ahora?
Una primera demostración de que ello puede dar resultados sería restaurar las desactivadas procuradurías anticorrupción, en las que tanto se había invertido, y a través de las cuales se había logrado repatriar cientos de millones de dólares robados.
¿Estamos apelando al último recurso que nos queda, comprometiendo la voluntad de casi todo el Estado? ¡Y si cada ministro cazara un corrupto por mes en su sector! Podría tener un bono anual muy bien merecido y sin tanto ruido.
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