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lunes, 31 de agosto de 2009

COMISION REGGIARDO ENUMERO TODAS LAS IRREGULARIDADES DE REGION Y OEI


Noticias Locales
El proyecto de informe final de la investigación de las presuntas irregularidades en los gobiernos regionales vinculados a Rómulo León Alegría y Fortunato Canaán, que será discutido en los próximos días en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, concluye una serie de irregularidades en las licitaciones en la OEI por parte del Gobierno Regional de Ancash y desnuda de manera patética una serie de groseras irregularidades y acciones poco transparentes, que serán investigadas por el Ministerio Público.

Fuente: Diario de Chimbote

Maqueta de la laguna Rosas Pampa.
Este grupo de trabajo integrado por los congresistas Víctor Isla, Edgar Raymundo, Elías Rodríguez y como coordinador Renzo Reggiardo Barreto, ha concluido, no sólo que el convenio con la OEI fue ilegal y deviene en nulo sino que los procesos de licitación también presentaron vicios y anomalías que deben investigarse.
Esta Sub- Comisión antes de emitir sus conclusiones ha establecido que en el 50% de los procesos convocados y analizados por los congresistas, se ha otorgado la buena pro a dos postores que desistieron de participar en el respectivo proceso de selección, para luego mediante el procedimiento de negociación directa determinar su contratación, en un mismo día se adjudicó la buena pro en cuatro procesos de selección para la contratación de consultorías al postor GUILLERMO TURZA AREVALO, por la suma de S/., 2’330,001.78 y en tres procesos también para la contratación de consultoría al postor BUSTAMANTE, WILLIAMS CONSULTORES Y ASOCIADOS SAC por la suma de S/. 1’918,161.00.

Recordemos que de acuerdo a la correspondencia entre Romulo León y Fortunato Canaán el Arquitecto Guillermo Turza Arevalo fue uno de los consultores que colaboró con ellos. La firma Bustamante, Williams Consultores y Constructores SAC tiene el mismo representante legal y domicilio que ERCO SAC, quien viene ejecutando obras en la Región Ancash producto de una buena pro otorgado por la OEI, como los millonarios canales de CHINECAS.

CONCLUSIONES GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

El Gobierno Regional de Ancash firmó un Convenio Internacional Marco de Cooperación Técnico Financiera y de Administración de Recursos entre el Gobierno Regional de Ancash y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura –OEI, sin contar previamente con la opinión de la oficina de Presupuesto o quien haga sus veces, en el que se demuestre las ventajas y beneficios de su concertación, así como la disponibilidad de los recursos para su financiamiento, tal como lo exigía la sétima disposición final de la Ley No. 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

La empresa ERCO SAC forma parte de los Consorcios Veta Colorada y Tambo Real que vienen ejecutando obras para el proyecto especial Chinecas por un monto total de S/. 48’160,000.00. Dicha empresa tiene cobranzas coactivas por la suma de S/. 16’903,298 por no haber pagado ningún impuesto ni aporte a ESSALUD, FONAVI y SENCICO desde el mes de enero del 2003 hasta el mes de enero de 2008 y desde dicha fecha hasta setiembre del 2008 adeuda por concepto de impuesto a la renta e IGV.

La OEI reiteradamente ha utilizado la modalidad de negociación directa, después de declarar desierto el proceso de selección para otorgar la buena pro a postores que desistieron de participar en dicho proceso. De catorce procesos de selección para la contratación de consultoría bajo dicha modalidad se otorgaron cuatro contratos para la elaboración de estudios relacionados con hospitales al Arquitecto Guillermo Turza Arévalo (relacionado a los señores Rómulo Leon Alegría y Fortunato Canaán) y tres contratos a la firma Bustamante, Williams Consultores y constructores SAC, empresa vinculada a ERCO SAC con quien tiene el mismo representante legal y domicilio. En diversas sesiones, Consejeros Regionales manifestaron su desconfianza sobre la transparencia de los procesos llevados a cabo por la OEI. En Sesión del 18 de abril el Consejero Mayer Miranda Mautino, manifestó que los Consejeros Regionales escucharon un audio en el que el sub Gerente de Estudios y Obras del Gobierno regional Señor Dirsse Valverde Varas supuestamente estaría negociando con algunos consejeros la aprobación de sus obras.

Con fecha 18 de enero de 2008 el Gobierno Regional de Ancash transfirió la suma de 179 millones de nuevos soles a PROVIAS NACIONAL para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial nacional en el ámbito de la Región Ancash sin haberse convocado previamente el proceso de selección para la ejecución de la obra.

El Consorcio Deportivo Rosaspampa ejecutor de la obra “Ampliación y mejoramiento del Estadio Rosaspampa de Huaraz” no habría cumplido con lo señalado en el numeral 1.1.1.1. de las bases donde señalaba que están impedidos de ser postores, las personas naturales o jurídicas que hayan participado, directa o indirectamente a través de sus asociados, representantes o empleados, en estudios de pre inversión ó información técnica previa que da origen al proceso de selección y sirve de base para el objeto del contrato y otros que estén impedidos por la normatividad vigente.

El ingeniero Wladimir Illich Rojas Palomino participó en la elaboración del expediente técnico, además de formar parte del consorcio supervisor. Asimismo fue gerente general de Edificaciones de la Costa, hasta el año 2005, siendo su representante legal desde esa fecha el Ing. Virgilio Acuña Peralta. Desde el mes de setiembre de 2007 también es accionista con el 80% de la empresa Acuña y Peralta S.A. que comparte la misma dirección tanto en Lima como en Chiclayo con la empresa Edificaciones de la Costa.

De acuerdo a las denuncias remitidas a la Sub Comisión existiría sobrevaluación en los componentes de cemento y mano de obra en los valores referenciales establecidos para la ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Rosas Pampa”; por lo que se requiere efectuar un peritaje para determinar el valor real de dichos componentes.

Estas conclusiones serán sometidas a votación en la Comisión de Fiscalización y posteriormente remitidas al Pleno que determinará si lo deriva al Ministerio Público.

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