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miércoles, 24 de marzo de 2010

Lección De Legalidad


Editorial del “Diario de Chimbote”    
“Quienes realizan concentraciones masivas, actividades en las cuales se expone la integridad de mucha gente, tienen la imperiosa obligación de agenciarse de las autorizaciones y licencias correspondientes, además de recurrir a las entidades encargadas de proteger a las personas”.
Director: Javier Peláez Olórtegui
diariodechimbote.com Chimbote, Miércoles 24  de Marzo  del 2010
Con estas palabras, el Obispo de la Ciudad, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, mostró su conformidad con la denuncia penal que ha formalizado la Fiscal Angélica Bayes Antunes contra el Presidente Regional César Álvarez Aguilar por la comisión de delitos de Homicidio Culposo y peculado en agravio del Estado y de Francisca Vásquez Bocanegra.
Al ser abordado por la prensa, la autoridad eclesiástica no pudo ocultar esa sensación de alivio que ha generado en la opinión pública en general al saberse que un hecho trágico y lamentable, como el ocurrido en la víspera de la Navidad, será investigado y sancionado como lo exige la ley.
Ello por que no se puede pretender dejar impune un hecho en el que era evidente que ha existido una dolosa actuación por parte de los organizadores de la entrega de panetones y regalos en los que se exaltaba la figura del Presidente Regional César Álvarez Aguilar, un acto político de típico aprovechamiento proselitista, en donde la organización oficialista del gobierno regional se vale de la necesidad de la gente para tratar de ganar réditos electorales.
Allí murió una persona y alguien tiene que ser responsable, por ello el Ministerio Público escudriñó en las pesquisas y determinó la implicancia directa del titular de la Región César Álvarez, del Gerente de la Sub Región Pacifico Luis Arroyo Rojas y de la funcionaria regional Daysi Fiestas Miñano, además de tres militantes que se prestaron a la organización de aquel trágico evento.
Por ello es que el Obispo considera que esta denuncia nos deja una lección de legalidad, nos demuestra que la autoridad está para sancionar a quienes hacen tabla rasa de la normatividad y son capaces de exponer la vida de la gente solo por ganar un espacio de tipo personal y político.
Ello es mas grave aun en la medida que en el análisis de los hechos se ha advertido que los denunciados no adoptaron una sola medida de prevención en la actividad que organizaron previa a la Navidad, ni siquiera se molestaron en obtener una autorización municipal, menos aun contaban con el visto bueno de defensa civil y la Gobernación, como corresponde cuando se trata de organizar eventos en los que se sabe que concurrirán miles de personas.
Ni siquiera la Policía Nacional, menos las brigadas del sector salud y ni que decir de la Compañía de Bomberos que tiene experiencia en la asistencia de personas afectadas por la concentración de muchedumbres, fueron convocados por los organizadores como una alternativa frente a posibles incidentes.
El Presidente Regional y su comparsa pensaron que llevando a un grupo de militantes con polos amarillos para que se coloquen en las puertas y traten de ordenar en las colas, era suficiente como para dominar la situación, cuando hasta un indocto es capaz de adivinar que aquellos que son invitados para recibir un presente o regalo están dominados por las ansias y la desesperación por resultar beneficiados y en la creencia que pueden quedarse con las manos vacías si es que no llegan entre los primeros.
Eso es justamente lo que sucedió en el Estadio “Manuel Gómez Arellano” la terrible mañana del 22 de Diciembre, la gente que se agolpó en la puerta del estadio comenzó a empujarse unas tras otra, se desesperaron por llegar adelante y generaron una estampida que terminó por asfixiar a muchos, con consecuencias fatales para la sexagenaria mujer que no tuvo ni siquiera la posibilidad de protegerse por que fue virtualmente atropellada por centenares de personas que corrían descontroladamente de un lugar para otro.
Fue entonces que el Presidente Regional y sus asesores trataron de desviar los cargos hacia terceros, pretendieron sacudirse de la gravísima responsabilidad señalando que la obligación de obtener los permisos de ley correspondía a los militantes, cuando ha sido mas que evidente que el acto ha sido promovido y gestionado por la misma gente del gobierno regional, cuando era evidente que el Presidente Regional fue el primer interesado en promover su figura, al extremo que las invitaciones y las cajas de panetones llevaban su fotografía, en una muestra de narcisismo que ha sido condenada a nivel nacional.
Inclusive, el titular de la Región trató de desvirtuar su responsabilidad convocando a la familia para llegar a un arreglo económico y se evite la denuncia de parte, sin embargo, ese es solo un convenio extrajudicial que cubre los efectos indemnizatorios a los deudos de la agraviada, mas no tiene absolutamente nada que ver con la responsabilidad penal que recae contra las personas que organizaron el trágico evento.
Las palabras del Obispo de la Ciudad no pueden ser mas acertadas cuando habla de una lección de legalidad, cuando advierte que la denuncia del Ministerio Público responde a esa necesidad de sancionar la irresponsabilidad de quienes se valen de la necesidad de la gente para convocarla a manifestaciones impresionantes en las cuales no se adopta una sola medida preventiva, cuando se deja la integridad de las personas librada a la suerte de una turba que es capaz de generar tragedias mucho peores.
Lamentablemente, hay gente que no aprende lecciones, que suele desafiar a la ley de manera constante y que apela a los recursos mas vedados para impedir que se le impongan sanciones una vez que se ha determinado su irresponsabilidad, como aquella mecánica que consiste en llevar portátiles para presionar e insultar.
Esperemos que por una sola vez en su gestión pública el Presidente Regional aprenda la lección, que admita la temeridad del evento que organizara en Diciembre y se allane al castigo que tiene previsto la ley en estos casos. Solo así dará una muestra de contrición.

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