EDITORIAL
Es obvia la intención de anular los resquicios de libertad de expresión y opinión, lo cual deja sin piso cualquier pretensión de presentarse como un gobierno democrático. Todo esto debe ser denunciado, no solo por las entidades de defensa gremial de la libertad de expresión, sino también por los gobiernos democráticos y sobre todo por la OEA, que no puede esperar que se produzca un golpe de Estado tradicional para pronunciarse.
Mientras el autócrata Hugo Chávez utiliza la OEA supuestamente para defender la democracia en Honduras, en Venezuela cada vez son menos los espacios de libertad y democracia. ¿Y qué hacen la OEA y la comunidad internacional ante estos abusos?
En verdad, lamentablemente para los ciudadanos venezolanos y para la subregión, el régimen chavista se parece cada vez más a una dictadura. Aparte de propiciar una reforma constitucional para permitir la reelección indefinida, es innegable que el Poder Ejecutivo chavista ha confiscado muchas atribuciones de los gobiernos regionales y locales, y cuenta con enorme injerencia política y operativa en el Congreso y el Poder Judicial.
La democracia parece ser solo una careta. Lo real e insoportable es que la división de poderes se hace cada vez más difusa en un régimen personalista y populista que conculca cotidianamente los derechos humanos de la oposición y de las minorías.
Lo último, en esta historia de excesos, ha sido la absurda iniciativa presentada al Congreso nada menos que por la fiscal general de Venezuela, para perseguir y penalizar los llamados “delitos mediáticos”, que incluye penas de cárcel para los periodistas.
Ya la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado sobre este exceso, al afirmar que el proyecto viola el derecho a la libertad de opinión, prensa y expresión, legaliza el castigo contra los medios de comunicación y periodistas independientes, promueve la autocensura y atenta contra el secreto profesional.
Efectivamente, el proyecto contempla sancionar las “acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública”, etc.
¿Y quién decide qué información es veraz e imparcial? ¿Qué se entiende por paz social e instigación? ¿Acaso solo las críticas a Chávez? ¿Qué significa “salud mental o moral” para un régimen que hace tabla rasa de la ética y rechaza la fiscalización?
Este malhadado proyecto forma parte de una escalada contra la prensa independiente. Antes fueron la ley de “información veraz”, el aumento de las penas por delitos de desacato y difamación, la confiscación y el cierre deRCTV y últimamente el hostigamiento contra Globovisión y radioemisoras críticas.
Es obvia la intención de anular los resquicios de libertad de expresión y opinión, lo cual deja sin piso cualquier pretensión de presentarse como un gobierno democrático. Todo esto debe ser denunciado, no solo por las entidades de defensa gremial de la libertad de expresión, sino también por los gobiernos democráticos y sobre todo por la OEA, que no puede esperar que se produzca un golpe de Estado tradicional para pronunciarse.
Hay que reformar la Carta Democrática de la OEA para poder actuar ante señales tan lesivas y preocupantes. La política de apaciguamiento ante un régimen tan nefasto para las libertades democráticas, como lo ha probado la historia, solo lleva a más abusos y más dictaduras.
MUNDO
Gobierno Venezolano cierra 34 estaciones de radio
Otras 206 correrían la misma suerte
CARACAS [EL COMERCIO/AGENCIAS]. El Gobierno Venezolano ordenó el cierre de 34 emisoras de radio a las que les retiró la concesión por haber faltado a los requisitos legales para operar, informó ayer el ministro de Obras Públicas y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello.
“Tienen que apagar los transmisores una vez notificados por Conatel. Por eso algunos de ellos se escondieron cuando llegamos. Si hay que notificarlo por (avisos) prensa lo vamos a hacer”, dijo Cabello en una rueda de prensa.
“Estas son las primeras 34 decisiones que tomamos (sobre un total 240 emisoras) y tienen que ver todas con decisiones inmediatas”, dijo.
Conatel realizó el mes pasado un censo de las emisoras de radio que funcionan en el país, para el que se solicitaba a las concesionarias que presentaran la documentación que avala la vigencia de su licencia.
Esta medida se suma al proyecto de ley de “delitos mediáticos” presentado el jueves por la fiscalía, que tiene por objetivo regular la libertad de expresión y que ha generado el rechazo de las principales agrupaciones de medios, periodistas y organizaciones humanitarias tanto nacionales como extranjeras, pues lo consideran violatorio de los convenios internacionales y la Constitución.
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