Regiones gastaron el 21.4% de presupuesto para obras al primer semestre, afirman

 Cusco, Ica, Loreto, Lambayeque, Tacna, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Pasco y Áncash, que apenas gastó 5.9% en obras

  “Estas autoridades que han mostrado a lo largo de estos años ineficiencia e incapacidad deberían irse a sus casas y no insistir en la reelección; deben darle paso a personas más capaces y preparadas que le den un nuevo impulso al desarrollo regional”, enfatizó Eguren.

Lima, jul. 01 (ANDINA). Los gobiernos regionales gastaron sólo el 21.4% de su presupuesto para la ejecución de obras, reveló el congresista Juan Carlos Eguren, al presentar el “Ránking del avance de ejecución de inversiones del Sector Público” al segundo semestre de 2010.
• Dicha cifra contrasta con las del Gobierno Nacional, que  ejecutó el 31.9% de los recursos asignados a inversiones.
  Precisó que en términos generales el avance de la ejecución de inversiones en el sector público durante este lapso es lento al alcanzar apenas el 29.8%; los gobiernos locales lograron ejecutar el 33.9% de su presupuesto para obras.
  “El Ránking de ejecución de Inversiones al segundo semestre, elaborado en base a cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, es clave para emitir un voto reflexivo ahora que existe un gran porcentaje de autoridades locales y regionales que aspiran a la reelección en los comicios de octubre próximo”, sostuvo.
  Eguren explicó que al 30 de junio de 2010, el Gobierno Nacional ejecutó el 31.9%, los Gobiernos Regionales 21.4% y los Gobiernos Locales 33.9 por ciento, tras señalar que el actual marco presupuestal para inversiones públicas en los tres niveles de gobierno asciende a S/. 29,526.342 millones.
  El legislador detalló que al menos diez gobiernos regionales invirtieron menos del 20% de su presupuesto para obras, a pesar de las grandes carencias de la población en infraestructura y servicios.
  De acuerdo con el reporte dichos gobiernos regionales son: Cusco, Ica, Loreto, Lambayeque, Tacna, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Pasco y Áncash, que apenas gastó 5.9% en obras.
  Cabe indicar que Cusco, Pasco, Cajamarca, Tacna y Áncash reciben importantes recursos provenientes del canon minero y regalías, mientras Ica clama por servicios básicos y obras de infraestructura que permitan su reconstrucción tras el devastador sismo del 15 de agosto de 2007.
  “Estas autoridades que han mostrado a lo largo de estos años ineficiencia e incapacidad deberían irse a sus casas y no insistir en la reelección; deben darle paso a personas más capaces y preparadas que le den un nuevo impulso al desarrollo regional”, enfatizó Eguren.
  Indicó que Lima Metropolitana encabeza el ránking de los gobiernos regionales con 58.4% y le siguen Piura, San Martín, Moquegua y Ayacucho.
  De acuerdo con el Ránking, el Ministerio de Relaciones Exteriores ocupa el primer lugar con un 85.2% de ejecución en inversiones, seguido por Energía y Minas 43.9%, Transportes y Comunicaciones 42.2%, Trabajo 40%, Justicia 36.3% y Salud 30.7%.
  En cuanto a los ministerios que invirtieron menos del 20% en obras figuran Comercio Exterior y Turismo 18.4%, Vivienda y Construcción 18%, Interior 15.7% y Educación 13.8%. Los sectores Ambiental y Mujer y Desarrollo Social cierran la tabla con apenas el 13.5% de ejecución de presupuesto para obras.
  (FIN) NDP/GCO

JNE y contraloría se unen para fiscalizar candidatos y uso de bienes públicos en época electoral

 Se ha considerado la ejecución de reuniones informativas tanto con autoridades como con candidatos electorales, así como la difusión de los mecanismos de control de recursos públicos. Mediante estas acciones se busca promover el control social como una herramienta disuasiva y de detección de casos.  

• Firma de acuerdo entre el presidente del JNE, Hugo Sivina Hurtado, y el contralor general Fuad Khoury Zarzar, en un acto que se desarrolló en la sede institucional del máximo tribunal electora.lFoto: ANDINA/Difusion

• Lima, jul. 01 (ANDINA). El Jurado Nacional de Elecciones y la Contraloría General de la República establecieron hoy una alianza estratégica que comprende la realización de actividades orientadas a la fiscalización electoral y el control preventivo del uso de los bienes y recursos públicos con fines electorales. 
  El acuerdo fue suscrito por el presidente del JNE, Hugo Sivina Hurtado, y el contralor general Fuad Khoury Zarzar, en un acto que se desarrolló en la sede institucional del organismo electoral.
  El convenio  complementa y fortalece las atribuciones y competencias de cada una de las instituciones que se comprometen a unir esfuerzos para la prevención, detección e investigación de los actos de corrupción administrativa, bajo los principios de moralidad, eficiencia, transparencia, economía y vigencia tecnológica, tal como lo exige el país en estos días.
  Una de las líneas de acción de esta alianza estratégica está referida a la difusión masiva de la normativa sobre uso de bienes y recursos públicos.
  Se informará a candidatos, autoridades, funcionarios públicos y demás actores sociales sobre  las prohibiciones, incompatibilidades y sanciones a las que están sujetos los funcionarios que hacen uso de los bienes y recursos públicos para fines electorales, así como los canales y procedimientos para las denuncias que correspondan.
  Se ha considerado la ejecución de reuniones informativas tanto con autoridades como con candidatos electorales, así como la difusión de los mecanismos de control de recursos públicos. Mediante estas acciones se busca promover el control social como una herramienta disuasiva y de detección de casos.
  Ambas instituciones coordinarán los mecanismos de fiscalización y control de denuncias, con el fin de responder coordinadamente en casos detectados de uso de bienes y recursos públicos con fines electorales.
  Asimismo, contemplan actividades de entrenamiento al personal encargado de recibir y evaluar la información sobre los casos detectados, entre ellos a los operadores electorales. El JNE y la Contraloría General también intercambiarán información y acceso a bases de datos de las autoridades de los gobiernos regionales y locales.
  Otra línea de acción está relacionada con la participación de la Contraloría General en el programa “Voto Informado”, la cual comprenderá la publicación de información generada por las labores de control (declaraciones juradas, rendición de cuentas, etc) con el fin de ampliar los recursos de información para los electores en espacios tales como el portal WEB del JNE.
  
  
  En virtud de esta alianza estratégica, cuya duración será de dos años, también se incluirá la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas por parte de los candidatos, en el contexto del Pacto Ético Electoral implementado por el JNE, con el fin de generar compromisos de comportamiento transparente y promover la neutralidad en los procesos electorales.
  (FIN) NDP/ RRR