Denunciarán penalmente a quienes persistan en usar recursos públicos en campaña

El Reglamento de Propaganda Electoral precisa que el Jurado Electoral Especial (JEE) o el JNE podrán ordenar el retiro de la propaganda electoral, amonestar públicamente a la entidad pública involucrada en esta infracción, así como imponer una multa de entre 30 y 100 UIT.  

• Sede del JNE en el Centro de LIma. Foto: ANDINA/Archivo/Carlos Lezama.

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  Lima, ago. 12 (ANDINA). Los funcionarios o las autoridades que persistan en usar recursos públicos en la campaña municipal o regional puede ser objeto de una denuncia penal y sanción penal, advirtió hoy Ulises Montoya, miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
  Formuló este comentario a propósito de la información proporcionada por el contralor Fuad Khoury respecto a que más de 400 funcionarios han sido denunciados, en su mayoría ante el JNE, por el mal uso de recursos y bienes del Estado a favor de una  campaña electoral en el interior del país.
  “Si es que persisten en transgredir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones en lo referente a publicidad estatal pueden ser pasibles de una denuncia penal, porque es un desacato a la ley”, afirmó a la Agencia Andina.
  Explicó, en tal sentido, que existen diversas sanciones para estos funcionarios o autoridades, que van desde la suspensión en sus funciones hasta la denuncia penal.
  El Reglamento de Propaganda Electoral precisa que el Jurado Electoral Especial (JEE) o el JNE podrán ordenar el retiro de la propaganda electoral, amonestar públicamente a la entidad pública involucrada en esta infracción, así como imponer una multa de entre 30 y 100 UIT.
  También podrán disponer la suspensión en el ejercicio de sus funciones al funcionario o servidor público que no adopte las medidas correctivas pertinentes dentro del plazo establecido.
  “El incumplimiento de estas disposiciones que regulan la difusión de la propaganda electoral es sancionado penalmente conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente”, precisa la norma.
  Sin embargo, Montoya aclaró que previa a una denuncia penal existe todo un proceso de investigación que se inicia en los jurados electorales especiales de cada jurisdicción, y que en caso de apelaciones es revisada en última instancia por el pleno del máximo organismo electoral.
  También comentó que la Contraloría General de la República puede formular una denuncia penal contra los funcionarios o las autoridades que utilicen los fondos y recursos del Estado para apoyar una candidatura regional o municipal. (FIN) YDM/GCO GRM