Sin transparencia no hay partidos ni candidaturas

EDITORIAL

Si bien el objetivo parece ser asentar la democracia, el desafío mayor es lograr que los líderes partidarios hagan cumplir estas normas y no las tomen como mera formalidad, y sobre todo que ellos y los ciudadanos tomen conciencia de que sin partidos sólidos se resiente profundamente el sistema democrático.

elcomercio.pe 27 de diciembre de 2009

¿Qué pérdida de rumbo ético estaremos padeciendo en el Perú que necesitamos una ley para evitar que los candidatos y políticos mientan? El quehacer político no deja de sorprendernos.

Esta vez se ha promulgado una norma que obliga a los miembros y candidatos de partidos a indicar la relación de sentencias condenatorias que hayan tenido, así como su anterior militancia en otros grupos políticos. También se incrementa el número de firmas que los partidos deberán presentar para lograr su inscripción, pasando del 1% del padrón electoral al 3%.

Mas, si bien el objetivo parece ser asentar la democracia, el desafío mayor es lograr que los líderes partidarios hagan cumplir estas normas y no las tomen como mera formalidad, y sobre todo que ellos y los ciudadanos tomen conciencia de que sin partidos sólidos se resiente profundamente el sistema democrático.

Dicho esto, cualquier medida que fortalezca la transparencia es positiva. En meses recientes se han dado casos graves y escandalosos que ameritaban la modificación de la norma. Por ejemplo, la parlamentaria andina Elsa Malpartida ocultó al Partido Nacionalista que había pertenecido a Sendero Luminoso entre 1989 y 1994, año en el que se acogió a la ley de arrepentimiento, y el congresista aprista Mario Alegría tampoco informó que había sido sentenciado en enero del 2001 por hurtar electricidad.

La premisa básica es que el elector tiene derecho a saber y ser informado. Luego, ¡cómo podría ejercer un cargo público quien miente sobre su trayectoria y antecedentes políticos, policiales y judiciales! ¿Con qué autoridad moral podría gobernar o legislar quien ha incurrido previamente en estas faltas y delitos?

Igualmente, es adecuado que se establezcan sanciones a los transgresores, que podrán ser expulsados del partido y acusados penalmente. En este punto, como señalan los especialistas, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones implementar un reglamento adecuado para inscribir candidaturas, que garanticen que la Ley de Partidos Políticos se cumpla a cabalidad.

El otro cambio, que aumenta el número de electores para inscribir partidos, es interesante, pero tiene que ser analizado en un contexto complejo, dada la desidia de la ciudadanía. Ello exige debate y reflexión, así como un mea culpa de los líderes partidarios y sus congresistas sobre las reales razones del desprestigio de la política en general y de los partidos en particular.

¿Cómo, en suma, vamos a fortificar la democracia si los ciudadanos no se identifican con los partidos porque son manejados por caudillos a su antojo o aparecen a última hora solo en vísperas de elecciones, como si los puestos públicos fueran una tómbola? ¿Qué puede decir el Congreso con una popularidad por los suelos, debido a los escándalos de algunos de sus miembros, y que, a pesar de todo ello, se niega a reformarse?

Ante la inminencia de las elecciones municipales, regionales y generales, estos temas adquieren una enorme trascendencia, por lo que deben seguir en la agenda pública del Congreso, de los poderes con iniciativa legislativa y de la misma sociedad civil. El diagnóstico está sobre la mesa. Ahora hay que asumir responsabilidades y atreverse, por encima de cualquier interés partidario, a reconciliar a los ciudadanos con la política y los partidos.