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viernes, 2 de julio de 2010

JNE y contraloría se unen para fiscalizar candidatos y uso de bienes públicos en época electoral

 Se ha considerado la ejecución de reuniones informativas tanto con autoridades como con candidatos electorales, así como la difusión de los mecanismos de control de recursos públicos. Mediante estas acciones se busca promover el control social como una herramienta disuasiva y de detección de casos.  
    Firma de acuerdo entre el  presidente del JNE, Hugo Sivina Hurtado, y el contralor general Fuad Khoury Zarzar, en un acto que se desarrolló en la sede institucional del máximo tribunal electora.lFoto: ANDINA/Difusion
  • Firma de acuerdo entre el presidente del JNE, Hugo Sivina Hurtado, y el contralor general Fuad Khoury Zarzar, en un acto que se desarrolló en la sede institucional del máximo tribunal electora.lFoto: ANDINA/Difusion
  • Lima, jul. 01 (ANDINA). El Jurado Nacional de Elecciones y la Contraloría General de la República establecieron hoy una alianza estratégica que comprende la realización de actividades orientadas a la fiscalización electoral y el control preventivo del uso de los bienes y recursos públicos con fines electorales. 
    El acuerdo fue suscrito por el presidente del JNE, Hugo Sivina Hurtado, y el contralor general Fuad Khoury Zarzar, en un acto que se desarrolló en la sede institucional del organismo electoral.
    El convenio  complementa y fortalece las atribuciones y competencias de cada una de las instituciones que se comprometen a unir esfuerzos para la prevención, detección e investigación de los actos de corrupción administrativa, bajo los principios de moralidad, eficiencia, transparencia, economía y vigencia tecnológica, tal como lo exige el país en estos días.
    Una de las líneas de acción de esta alianza estratégica está referida a la difusión masiva de la normativa sobre uso de bienes y recursos públicos.
    Se informará a candidatos, autoridades, funcionarios públicos y demás actores sociales sobre  las prohibiciones, incompatibilidades y sanciones a las que están sujetos los funcionarios que hacen uso de los bienes y recursos públicos para fines electorales, así como los canales y procedimientos para las denuncias que correspondan.
    Se ha considerado la ejecución de reuniones informativas tanto con autoridades como con candidatos electorales, así como la difusión de los mecanismos de control de recursos públicos. Mediante estas acciones se busca promover el control social como una herramienta disuasiva y de detección de casos.
    Ambas instituciones coordinarán los mecanismos de fiscalización y control de denuncias, con el fin de responder coordinadamente en casos detectados de uso de bienes y recursos públicos con fines electorales.
    Asimismo, contemplan actividades de entrenamiento al personal encargado de recibir y evaluar la información sobre los casos detectados, entre ellos a los operadores electorales. El JNE y la Contraloría General también intercambiarán información y acceso a bases de datos de las autoridades de los gobiernos regionales y locales.
    Otra línea de acción está relacionada con la participación de la Contraloría General en el programa “Voto Informado”, la cual comprenderá la publicación de información generada por las labores de control (declaraciones juradas, rendición de cuentas, etc) con el fin de ampliar los recursos de información para los electores en espacios tales como el portal WEB del JNE.

    En virtud de esta alianza estratégica, cuya duración será de dos años, también se incluirá la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas por parte de los candidatos, en el contexto del Pacto Ético Electoral implementado por el JNE, con el fin de generar compromisos de comportamiento transparente y promover la neutralidad en los procesos electorales.
    (FIN) NDP/ RRR

jueves, 1 de julio de 2010

Consejo Regional Puso Punto Final A Licitaciones Amañadas

La presidente del Consejo se vio obligada a  iniciar con la sesión porque sus colegas presentes habían solicitado la presencia del representante del Misterio Público para que  verificara que la  consejera  María Velásquez estaba incurriendo en el delito de  incumplimiento de funciones.
Director: Javier Peláez Olórtegui
diariodechimbote.com Chimbote, Jueves 1 de Julio del 2010
Con la presencia de María Velásquez, presidenta del consejo regional de Ancash y cumpliendo el quórum reglamentario, la tarde de ayer en Huaraz, los consejeros regionales de Ancash por mayoría decidieron derogar el acuerdo que autorizo licitar obras por más de 800 millones de nuevos soles, presuntamente sobrevaloradas así como suspender indefinidamente el cuestionado convenio con la “OEI”.
La medida fue adoptada con la presencia de 10 consejeros regionales más la presidenta del consejo regional de Ancash, María Velásquez, quien prácticamente se vio obligada a instalar la sesión de consejo regional, pese a su inicial resistencia, considerando que de no hacerlo, hubiese cometido una grave infracción del reglamento que podía acarrearle una suspensión y el inicio de acciones legales en su contra.
Los consejeros regionales que acudieron ayer en Huaraz a la sesión histórica en lucha contra la corrupción fueron  Mayer Miranda,  Javier Torre Minaya,  Hugo Cáceres, José Cachi,  Ezequiel  Nolasco, Alejo Mejía, Isabel Chinchay,  Félix Parra Balarezo, Hernán Moreno y Nelson Pinedo quienes junto a la presidente del consejo María Velásquez luego de  una serie de deliberaciones aprobaron  suspender el cuestionado convenio con la “OEI” para los procesos de licitación de las  obras del gobierno regional de Ancash.
Asimismo, acordaron derogar el acuerdo de la sesión del pasado seis de mayo que se cumplió en  la ciudad de  Chimbote que autorizo al ejecutivo  licitar  las obras de la construcción de nuevas infraestructuras de los hospitales de Huaraz y la Caleta de Chimbote, y la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Carhuaz – Chacas – San Luís, cuyos proyectos de ejecución han sido cuestionados por técnicos y especialistas en el tema por estar presuntamente sobrevalorados.
Ayer los consejeros regionales de oposición, reunidos en la sede central del gobierno  regional de  Ancash, prácticamente obligaron a la Presidente del Consejo Regional, María Velásquez, a que inicie la sesión ordinaria de  Consejo Regional, en vista que se encontraban en  la sala de sesiones  diez consejeros regionales haciendo el quórum reglamentario con la presencia de la presidente delegada del consejo.
La presidente del Consejo se vio obligada a  iniciar con la sesión porque sus colegas presentes habían solicitado la presencia del representante del Misterio Público para que  verificara que la  consejera  María Velásquez estaba incurriendo en el delito de  incumplimiento de funciones.
Contra viento  y marea  se dio inicio a la sesión de consejo que de acuerdo al informe que presento el Secretario, Dr. Nicolás Molina, la convocatoria se habían  cumplido de acuerdo al reglamento interno a través de la publicación por un medio escrito así como por los medios  posibles como ha sido  el correo electrónico y vía telefónica; pero además, había el quórum respectivo.
Con esta decisión colegiada, la desesperación del ex presidente regional de Ancash César Álvarez Aguilar por llevar adelante las millonarias licitaciones en la OEI se fue al tacho de basura y se quedó con las ganas de recurrir a un organismo internacional vinculado a los audios de la corrupción de Rómulo León Alegría.