Cuatro municipios de Áncash pagaron más de un millón de soles en compra de maquinaria

Se habrían coludido con empresas   

Lima, feb. 04 (ANDINA). La Contraloría General de la República detectó que cuatro municipalidades del departamento de Áncash, una provincial y tres distritales, pagaron en exceso más de un millón de nuevos soles al comprar maquinaria y vehículos.
• Las acciones de control se efectuaron en el municipio provincial de Pallasca y en las comunas distritales de Bolognesi, Tauca y Pariacoto, ésta última en la provincia de Huaraz.
  En las investigaciones se comprobó que se realizaron adjudicaciones directas, en la mayoría de los casos, sin contar con sustento técnico ni legal.
  En Pallasca, el alcalde provincial aprobó una exoneración de licitación pública y ordenó la compra directa de un camión, por el que se pagó 415,800 soles, es decir, 179 mil soles más del valor real.
  La adquisición no contó con la autorización del concejo provincial, en tanto que el informe técnico y legal no justificaba la compra.
  Además, se admitió la propuesta económica de la empresa sin que cumpla con las condiciones establecidas en las bases, se firmó el contrato sin la presentación de la garantía de fiel cumplimiento y sin que la empresa presentara la constancia de no estar inhabilitada para contratar con el Estado.
  En Bolognesi, el alcalde distrital ordenó la compra directa de un camión volquete y un cargador frontal sin contar con la autorización previa del concejo. A pesar de que la maquinaria no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en las bases se emitieron los documentos de recepción y conformidad.
  Después de que la municipalidad canceló los bienes, recién el burgomaestre emitió la exoneración del proceso de licitación pública para aparentar la legalidad de la compra.
  En este caso se pagó 223,800 soles por el camión volquete y 435,200 soles por un cargador frontal, pagándose en exceso 57,317 y 81,445 soles, respectivamente. Esto generó un perjuicio económico de 138 mil soles a la comuna.
  Mientras que en el distrito de Tauca, los auditores detectaron que los funcionarios ediles compraron un camión volquete y una retroexcavadora por 692,352 soles pagando 202 mil soles más que en el mercado.
  Los informes técnicos y legales que justificaron la compra contenían información inexacta. El valor referencial se estableció sólo con las cotizaciones presentadas por la empresa que se adjudicó la buena pro.
  Las órdenes de compra se emitieron antes de recibir la propuesta técnica y económica e, incluso, antes de otorgarse la buena pro y firmarse el contrato. Además, el pago se hizo por adelantado cuando todavía no se había recibido ni dado la conformidad a la maquinaria.
  A estos tres casos se suma la sobrevaloración de un volquete, un cargador frontal y una camioneta 4x4 en la municipalidad distrital de Pariacoto, lo que generó un perjuicio económico superior a los 607 mil soles.
  Los auditores determinaron que la comuna desembolsó 900,978 soles por el cargador frontal y la camioneta 4x4, es decir, se pagó 450 mil 35 soles más del precio regular. Una situación similar se registró en la compra del volquete que también fue sobrevalorado en cerca de 157 mil soles.
  Las investigaciones realizadas por los auditores permitieron advertir que la mayor parte de los documentos son similares y en muchos casos idénticos a la documentación existente en los expedientes de contratación correspondientes a las adquisiciones de maquinaria pesada, efectuadas por las municipalidades en 2007 mediante exoneración por situación de emergencia, lo que denota que habría sido la misma empresa proveedora la que se habría encargado de elaborar toda la documentación necesaria para gestionar las compras.
  Con excepción de Tauca, existen indicios de que los alcaldes en funciones en 2007 habrían concertado ilegalmente con la empresa proveedora para defraudar a la municipalidad. Los funcionarios ediles que participaron en el proceso estarían involucrados en negociación incompatible con el cargo.
  Estos hechos han sido comunicados a las autoridades competentes para que inicien las acciones legales que correspondan en cada caso a fin de recuperar el dinero del Estado y sancionar a los responsables. (FIN) NDP/JOT