Álvarez Aguilar estaba citado a las 9 de la mañana, Arroyo Rojas a las 11 de la mañana y Fiestas Miñano a las 3 de la tarde, sin embargo, ninguno de ellos se presentó a declarar ante el Juez Richard Concepción Carhuancho que los estuvo esperando
Director: Javier Peláez Olórtegui
diariodechimbote.com Chimbote, Martes 4 de Mayo del 2010
Se corren de la justicia. El presidente regional de Ancash, César Joaquín Álvarez Aguilar, el gerente de Álvarez Aguilar estaba citado a las 9 de la mañana, Arroyo Rojas a las 11 de la mañana y Fiestas Miñano a las 3 de la tarde, sin embargo, ninguno de ellos se presentó a declarar ante el Juez Richard Concepción Carhuancho que los estuvo esperando. Al cierre de la presente edición se desconocía si habían justificado tal inasistencia, pues recordemos que los tres procesados tienen comparecencia restringida y cualquier conducta renuente a esclarecer los hechos, podría determinar la modificación de esa condición por la de detención.
Los delitos atribuidos a César Álvarez, Luis Arroyo y Deysi Fiestas son homicidio culposo y peculado doloso; el primero por organizar una jornada de reparto de panetones sin ningún tipo de garantías ni seguridad que ocasionó la muerte por asfixia de María Francisca Vásquez Bocanegra y, en segundo lugar por haber utilizado recursos del Gobierno Regional de Ancash y entidades afines para una actividad de corte netamente política.
Junto a César Álvarez Aguilar, Luis Arroyo Rojas y Deysi Fiestas Miñano, también han sido denunciados como cómplices primarios, los dirigentes de «Cuenta Conmigo» e integrantes del Comité Pro Navidad 2009, Guillermo Robles Guerrero, Lázaro Carrillo Pérez y Edwin Capa Ramírez, estos últimos quienes deben acudir hoy martes a rendir su instructiva.
El Juez Richard Concepción Carhuancho aperturó instrucción con mandato de comparecencia restringida contra los seis procesados, señalando que organizaron el pasado 22 de diciembre en el Estadio «Manuel Gómez Arellano» una actividad navideña de entrega de regalos y panetones, sin tomar ninguna medida de seguridad, pero lo más grave, exhibieron y emplearon pancartas del Gobierno Regional de Ancash y del movimiento político «Cuenta Conmigo».
Entre las omisiones graves que acarrean presuntas responsabilidades penales en las que habrían incurrido los procesados se señala que no se gestionó las garantías ante la Gobernación de la provincia del Santa; no se realizó la visita de inspección técnica y evaluación de riesgos y seguridad en el Estadio «Manuel Gómez Arellano» por parte de Defensa Civil.
Asimismo, no se habilitó señalizaciones de emergencias adecuadas en el estadio mencionado; no asistió personal de la policía nacional y mucho menos se realizó coordinaciones con la policía a fin de prevenir el respeto al orden público y daños a la propiedad privada; no se coordinó el apoyo de la compañía de bomberos ni ambulancias del Hospital.
Otro hecho grave es que se haya permitido la distribución de por lo menos 8 mil tickets (en los corrillos de Cuenta Conmigo se habló de 20 mil tickets) a pesar que el aforo oficial máximo de capacidad del Estadio «Manuel Gómez Arellano» es de apenas 6 mil 200 personas, hecho que representa un riesgo relevante para la integridad física de la vida y cuerpo de las personas.
Sobre el delito de peculado doloso que se le atribuye a los denunciados, el auto apertorio recoge los fundamentos de la Fiscal Angélica Bayes quien describió que las investigaciones han permitido conocer que los organizadores realizaron los siguientes gastos: Compra de juguetes por 25 mil 819 nuevos soles; panetones por 48 mil nuevos soles; impresión de tickets y cajas de panetones por 8 mil 500 nuevos soles, gastos de atención médica a los heridos por mil 271 nuevos soles y una transacción extrajudicial con los deudos de María Francisca Vásquez Bocanegra por 15 mil nuevos soles; totalizando gastos por 98 mil 590 nuevos soles; que no han sido debidamente justificados.
Según el Código Penal, el Artículo 111 referido a Homicidio Culposo señala lo siguiente: «El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas». En tanto sobre Peculado sostiene «Artículo 387.- Peculado: «El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años».
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