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jueves, 29 de abril de 2010

El ‘Faenón’ Llegó También A Áncash

Esto luego de que la Fiscalía Anticorrupción confirmara las irregularidades en la adquisición sobrevaluada de 79 ambulancias rurales a través de un proceso realizado por la organización representada por José Ignacio López Soria, protagonista de un ‘petroaudio’ con Rómulo León. 
huarazinforma.com Jueves 29 de Abril de 2010
Escrito por Javier Poma    
El término ‘faenón’ no es exclusivo de Alberto Quimper, Rómulo León y compañía. También en el interior del país, en regiones y municipios –entre ellos la propia administración de Luis Castañeda Lossio–, se ha aplicado la metodología de eludir la acción de la Contraloría y del Ministerio Público en licitaciones a través de entidades como a la que recurrió Fortunato Canaán para sus intereses en el Perú: la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

  Mientras que, en Lima, la atención pública está concentrada en los audios que comprometen al ex premier Jorge del Castillo con el tema de los lobbies petroleros, en Áncash, el presidente regional César Álvarez Aguilar afronta momentos críticos.

Esto luego de que la Fiscalía Anticorrupción confirmara las irregularidades en la adquisición sobrevaluada de 79 ambulancias rurales a través de un proceso realizado por la organización representada por José Ignacio López Soria, protagonista de un ‘petroaudio’ con Rómulo León. 

 El fiscal provincial anticorrupción de Huaraz, José Luis Checa Mattos, ha denunciado penalmente a Álvarez por los delitos de colusión ilegal, peculado doloso, peculado de uso y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del gobierno regional. 

 También le ha solicitado al juez que, al momento de abrirle proceso, ordene la detención de la autoridad regional y de otros 13 funcionarios. En el dictamen fiscal se deja constancia de que la OEI se ha negado a dar información aduciendo una presunta inmunidad diplomática que alcanza el convenio marco suscrito con la región.   Pero, ¿qué hay detrás de la historia?

 Lo sucedido en Áncash ratifica el modus operandi de instituciones nacionales –como el Minsa y Essalud, gobiernos regionales y municipios– de recurrir a estas organizaciones internacionales para realizar licitaciones sin que puedan dar cuenta de ello.   El mecanismo lo había adelantado Rómulo León a través de un ‘petroaudio’ con, supuestamente, Abel Salinas hijo: “Lo que pasa es que hay que salirse del (marco legal de) Consucode; si no, la locura”.

 Lo que León advertía era que recurrir a un organismo internacional permite evitar los alcances de la Ley de Contratación, que exige, entre otros aspectos, la transparencia del proceso de adquisición.   NO ES EL ÚNICO. Un caso similar a la OEI es lo que ocurre con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Hace casi un año, Perú.21 informó que la administración del alcalde Castañeda había entregado la licitación de, por lo menos, 19 de las grandes obras a la denominada OIM. 

 A pesar de que la OIM es un organismo dedicado a “promover la migración ordenada y humana”, se ha convertido, en el Perú, en uno de los grandes gestores de la infraestructura. Otra entidad que frecuentemente licita mediante la OIM es Essalud.   La utilización de dichas entidades como excusa para eludir la fiscalización ha motivado que los técnicos de la Contraloría General de la República vengan elaborando un anteproyecto de ley para corregir este aspecto, según un vocero de la institución. 

 Al respecto, debe tomarse en cuenta que el propio canciller José Antonio García Belaunde ya ha opinado sobre el alcance de esta presunta inmunidad diplomática a propósito del caso de la región Áncash y la OEI. A través de un oficio remitido a la Comisión de Fiscalización del Congreso el 28 de octubre de 2008, precisó que, pese a su denominación internacional, “la naturaleza del instrumento es la de un acuerdo interinstitucional que se inscribe dentro de las competencias de las entidades involucradas en el mismo”.

   El canciller también aclaró que se descarta “el carácter internacional de ese convenio (con la OEI) porque el gobierno regional *carece de capacidad para celebrar contratos*”. *Perú.21 *le pidió una explicación a César Álvarez, quien dijo que esto es una persecución política del Apra, y ofreció entregarnos pruebas de su descargo.   
FUENTE: PERÚ21

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